DSF lleva ante la Corte al MEP en defensa de la población estudiantil costarricense
En el mes de julio de 2020, la Fundación Derecho sin Fronteras presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo a favor de la población estudiantil de la Escuela Ecológica la Tigra de San Carlos, este recurso fue en contra del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública; con resolución Nº 2020-015204.
En dicho recurso, amparados en el interés superior del niño, le solicitamos al Guardián Constitucional que obligara al Ministerio de Educación Pública a que cumpliera con su deber de tutelar el bienestar de los niños en el ámbito educacional, brindándoles así una escuela con la infraestructura adecuada, digna y que cumpliera con los requerimientos establecidos para un mejor desarrollo de los menor en la escuela.
Diez años en que el MEP no movió ni un dedo
¡Muchas gestiones se presentaron solicitando ayuda, y el MEP no hizo nada!
Negligencia y mora administrativa
Desde sus inicios, la escuela ha tenido que sobrevivir con muy poco, y con una baja prioridad para el Ministerio de Educación Pública. La escuela se encuentra construida en un redondel de toros, donde el ambiente que rodea a los infantes es el de un campo usado para fiestas donde se ingiere licor, y se practican todo tipo de actividades propias de las fiestas de un cantón.
Los niños no cuentan con un espacio para recrearse, se carece de espacio para ampliar la escuelita, el kínder se encuentra incomunicado de la escuela, por lo que si deben pasar de un lado a otro los niños se mojan si llueve. Esta situación es con la que ha luchado el personal de la escuela por DIEZ AÑOS.
Los niños han tenido que estudiar en condiciones insalubres
Dentro de la escuela, los menores y personal en general, han tenido que soportar la presencia de roedores, gatos y cucarachas; aunado a esto, tienen problema con los desagües y tratamiento de aguas negras y mala condición eléctrica.
Si bien, la directora de la escuela tiene diez años de presentar repetitivas gestiones ante el Ministerio, ellos únicamente han respondido de forma escrita, inconsistente y no han procedido a ni tan siquiera llevar a cabo las acciones pertinentes para mejorar al menor el problema de plagas y aguas negras.
Gracias al recurso de amparo presentado por DSF, el MEP tiene dieciocho meses para solucionar la problemática de riesgo sanitario y de infraestructura de la escuela
La Fundación Derecho sin Fronteras no conoce el conflicto de forma alejada; como activistas en derechos humanos que somos, voluntarios expertos en Derecho Constitucional conocen la poca o nula respuesta por parte de la Administración Pública para con las colectividades en condición de vulnerabilidad y como en distintas facetas legales, DSF se involucra en apoyar a los distintos grupos de personas que se encuentran minimizadas por la potestad del Gobierno.
La puesta en peligro de derechos como la integridad física y la salud ameritó que la Sala Constitucional interviniera a favor de la población estudiantil, dado que existe un peligro inminente para la integridad física y/o la salud de estas personas; y dado que la autoridad que conoce el caso no ha actuado de forma diligente para dar remedio a esta urgencia, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo en todos sus extremos.